Escrito
por: Kalinka Hermann
C.I.:
20653803
La seguridad privada en Venezuela
La
seguridad privada se ha incrementado de manera desproporcional a nivel mundial, donde
Venezuela no ha sido la excepción, siendo en octubre de 1958, cuando se crea la
primera empresa de vigilancia en el país, denominada Serenos Asociados dando paso a grandes
inversiones en este ámbito de la economía del país donde actualmente se
invierten más de 400 millones de dólares anuales y donde el marco legal no está
bien regularizado, abriendo las puertas de la informalidad, el mal
funcionamiento y la desconfianza.
En 1958 también
se crea la segunda empresa llamada Servicio
Panamericano de Protección, dedicada al transporte de valores, que mas
tarde es vendida a la transnacional Norteamericana de la Seguridad Brink, y más
tarde se funda la empresa de Transporte
de Valores Caribe C.A. (TRANSVALCAR), convirtiéndose estos, en los
pioneros de la seguridad privada en nuestro país y fueron las primeras empresas
que inician sus actividades sin que existiese alguna regulación jurídica en la
materia
En 1966, ya
existían seis (06) empresas constituidas en el país y fue cuando el Presidente
Raúl Leoni, firma el decreto 559, asignándole al Ministerio de Relaciones
Interiores (hoy Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
Justicia), la responsabilidad y atribuciones de autorizar y supervisar el
funcionamiento de referidas empresas y en junio de 1974, once (11) compañías de
Seguridad Privada, se reúnen y fundan la Cámara Nacional de Vigilancia y
Protección (CANAVIPRO) con la intención de conformar un marco jurídico para defender
los intereses de estas empresas y el 14 de enero 1975, el presidente Carlos
Andrés Pérez , firma el decreto Nro. 699. (Reglamento de los Servicios Privados
de Vigilancia, Protección e Investigación) que hoy día sigue siendo la norma
jurídica que regula y controla esta actividad y ratifica al Ministerio de
Relaciones Interiores como el ente rector para otorgar, renovar y/o revocar las
autorizaciones o licencias de funcionamiento.
No
obstante, la observación directa de los Servicios de Vigilancia Privada, se
origina por la gran cantidad de controles en las vías de acceso o ingreso a las
diversas urbanizaciones, estacionamientos públicos, centros comerciales, entre
otros, donde los ciudadanos son objeto de control por parte de vigilantes
privados que en un gran porcentaje, no han sido formados o capacitados para
cumplir esta función, ni para portar armas de fuego, que podrían menoscabar los
derechos de los propietarios.
Con origen
en el término latino securĭtas,
el concepto de seguridad hace referencia a aquello que tiene
la cualidad de seguro o que está exento de peligro, daño o riesgo. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que
debe brindar el Estado para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes.
De esta forma, las fuerzas de seguridad del Estado se encargan de prevenir
la comisión de delitos y de perseguir a los delincuentes, con la misión de
entregarlos al Poder Judicial.
Sin
embargo, la ineficacia de la seguridad estatal y su falta de alcance en ciertos
casos ha generado el negocio de la seguridad privada, donde distintas empresas
se encargan de ofrecer vigilantes y distintos dispositivos para cualquier
ciudadano que pueda pagarlos.
Por
cuestiones de número, no hay suficientes policías para cuidar a cada persona o
empresa. Por eso, aquellos que se sienten en riesgo pueden acudir a la
seguridad privada y contratar a un vigilante permanente.
La palabra "vigilante"
proviene de los primeros centinelas establecidos en la Antigua Roma durante
el gobierno del emperador César Augusto y quienes
con el tiempo se convirtieron en la Guardia Pretoriana. Sus
funciones eran la de servir como un cuerpo élite para la seguridad del César, ser una
especie de fuerza policial que mantenía el orden público en la ciudad.
Un vigilante de seguridad es la persona encargada de proteger la
integridad física de las personas y los bienes materiales de la empresa donde
labora, teniendo a su disposición recursos técnicos (su experiencia) y
tecnológicos (cámaras de video, radios de
comunicación, detectores de
metales o dispositivos electrónicos biométricos de control de
acceso como huellas dactilares, entre otros). En muchos lugares también les es
permitido portar armas de fuego y usarlas
en defensa propia o cuando el objetivo que intentan proteger está bajo amenaza.
En
Venezuela también son conocidos como "Guardias privados", y sus
funciones se orientan al resguardo de bienes dentro de las instituciones tanto
privadas como públicas. Aunque se manejan cifras cercanas a las 700 empresas
registradas en el ramo, no cuentan con una estructura definida que las avale y
por ende las ampare.
Los
venezolanos gastan cada vez más dinero en seguridad privada y no dudan en pagar
productos y servicios en dólares para vivir más tranquilos en el país, donde la
violencia aumentó peligrosamente y la inseguridad ya se convirtió en la mayor
angustia ciudadana, aseguran expertos.
Vender
alarmas, cámaras de seguridad y vehículos blindados u ofrecer guardaespaldas
privados son negocios muy rentables en este país, que encuentran clientes
incluso entre las clases menos favorecidas.
Cifras de
la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV)
apuntaron que en 2008 las muertes violentas llegaron a 50 por cada 100.000
habitantes en Venezuela, frente a un promedio mundial de 8,8 por cada 100.000
habitantes. En Caracas estas cifras son mucho más preocupantes. Por ello, el
afán de protegerse no conoce clases sociales.
Las
ofertas son para todas las necesidades y presupuestos. Un guardaespaldas
privado cuesta 1.860 dólares al mes como mínimo a un ejecutivo y una empresa
puede llegar a gastar hasta 200.000 dólares en equipos más sofisticados de
seguridad, apunta el director de Coverhost, Guaicaipuro Hidalgo.
En total,
en Venezuela existen más de 1.000 compañías de vigilancia privada, aunque una
gran parte de ellas no cuenta con todos los registros oficiales, lo cual impide
establecer cifras globales sobre el gasto anual de los ciudadanos en seguridad.
De acuerdo con fuentes del sector, el principal obstáculo del
crecimiento de los servicios de Seguridad Privada es el vacío legal que existe
en la materia, lo cual trae como consecuencia la proliferación de los actores
informales en deterioro de quienes prestan estos servicios legalmente.
Hay
alrededor de 1.200 empresas autorizadas en el Ministerio de Interior y
Justicia, obligadas a renovar su autorización anualmente y tan sólo 450 compañías
cumplen con este requisito; eso quiere decir que aproximadamente el 60% de las
empresas de seguridad pertenece al sector informal.
Otro
escollo que atraviesa el sector de la seguridad privada es la carencia de
armas. Actualmente el déficit, que viene arrastrándose desde hace cinco años,
es de unos 25.000 revólveres calibre 38, producto de la paralización de
importación de armas. Esto trae como consecuencia la paralización del
crecimiento del negocio pues se podría dar empleo a unas 30.000 personas
aproximadamente.
Bibliografia
Revista
Gerente 500 edición 2012
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